El proyecto contra la extranjerización de la tierra que presentó el Poder
Ejecutivo Nacional tiene como antecedentes varios proyectos que fueron
presentados por distintas fuerzas políticas. Uno de ellos fue el de la diputada
Elisa Carrió en el 2002, con el apoyo de varios sectores sociales y
productivos. Desde esos años, y en forma permanente, el proyecto fue presentado
y el debate parlamentario fue requerido, sin que hubiera interés en ese momento
por parte de los otros partidos políticos.
Vale esta aclaración para entender que no se trata de un tema novedoso,
aunque hoy lo levante el gobierno nacional como parte de su política de Estado.
Se trata de un tema que ha querido instalarse en la agenda política desde hace
años por parte de sectores de la oposición, sin éxito.
Más allá de ello, es preciso destacar la voluntad del gobierno nacional
de tratar el proyecto contra la extranjerización. Lamentamos que en este
contexto favorable, el Poder ejecutivo no habilite un debate parlamentario que
permita consensuar un proyecto entre casi una docena que se hallan presentados.
El proyecto oficial ha recibido algunas críticas que merecen ser tenidas en
cuenta.
Este tema tiene una trascendencia importante para nuestro país, pues es
necesario consolidar una política territorial clara que deje sentadas las bases
de una verdadera soberanía sobre nuestros bienes naturales. Porque se trata de
la tierra y quien la posee, pero también de las riquezas estratégicas que tiene
un espacio dado, en tanto las fuentes de agua, los minerales, la biodiversidad
también son valores indiscutibles que proteger.
Y no se trata de una cuestión de xenofobia, como se ha dicho para
descalificar a quienes han trabajado en el tema, sino de reconocer que es un
aspecto más – y muy importante- de la concentración de la tierra en pocas manos,
tema que deberá ser abordado con una suma de propuestas, no solo con esta ley.
Grandes espacios de territorio con bienes naturales valiosos, incluso en
zonas estratégicas como las áreas de frontera, han sido comprados por
sociedades anónimas cuyos dueños pertenecen a empresas o corporaciones
extranjeras. Y este es un dato que no se puede soslayar. Necesitamos que la
cuestión de la soberanía nacional sobre el territorio se transforme en una
política de Estado, pues corremos el riesgo de perder dominio sobre nuestro propio
territorio aceleradamente.
La tendencia desde los años noventa, ha sido la extranjerización de la
economía, situación que sigue perdurando; y en este contexto la tierra es un
bien apreciado por los inversores y grupos económicos extranjeros que a través
de las sociedades anónimas han adquirido grandes extensiones de tierra con cuencas
acuíferas y otras riquezas, con todo tipo de propósito y proyectos, incluso los
filantrópicos. De esta forma, para tener un espacio de paraíso natural, para
proteger una especie o para desarrollar el turismo exclusivo, el 10 % del
territorio nacional se encuentra en manos foráneas, según datos de la Federación
Agraria Argentina.
Desplazamiento de la frontera agropecuaria, apropiamiento de tierras
ancestrales pertenecientes a pueblos indígenas, compras de tierras fiscales por
parte de empresas extranjeras a escaso valor, zonas de seguridad de frontera No
Seguras… es el panorama general en nuestro país y en Rio Negro.
El proyecto agroalimentario chino en las más de 300.000 has de tierras
productivas de Rio Negro está totalmente en línea con lo que vengo diciendo. La
pérdida de soberanía sobre el territorio -no importa en este caso si se trata
de un alquiler-, es escandalosa.
Además de tratarse de un proyecto extractivo a gran escala, por la
intensidad de la siembra de monocultivos planeada, el gobierno le facilitaría a
la empresa la posibilidad de un Puerto propio y varios años de operación para producir
alimentos para otro destino, vedando así cualquier posibilidad cierta de que nuestros
productores rionegrinos sean beneficiados con tales aportes y facilidades.
Mientras tanto, la situación de los productores frutícolas pequeños y medianos en
los valles sigue empeorando y las chacras siguen siendo rematadas. ¿Cuál es la
política alimentaria y territorial hacia dentro de nuestras fronteras
provinciales?, me pregunto sin respuestas.
Hay dos
casos en el sur que deseo mencionar porque resultan ejemplares para ver la
problemática de la extranjerización. Uno es el caso de un grupo belga que
compró unas 7.080 hectáreas de tierras fiscales en el
Cerro Carreras. En este cerro nacen los ríos
Chubut, Pichileufú, Foyel y Villegas, también allí hay glaciares, es
decir que compró una de las reserva de agua dulce más importantes de la región.
Las tierras, cercanas a El Bolsón,
pertenecen ahora a la empresa Burco de origen Belga que se dedica a “proyectos vacacionales de lujo situados en
entornos naturales únicos”.
La compra fue hecha a través de una sociedad anónima, la
empresa El Talismán SA que es de Burco. Burco fue quien pidió los derechos de
ocupación de la tierra al mismo tiempo que el ocupante se ofreció a vender. En
tiempo record, el gobierno provincial autorizó la transferencia y se
materializó la entrega.
Otro caso reciente parece también una triangulación: La empresa
Laderas del Paralelo 42 es concesionaria del cerro Perito Moreno en El Bolsón y
pertenece al empresario Maximiliano Mazza, cuñado de Nicolás Van Dittmar,
presidente de Lago Escondido SA, la famosa empresa perteneciente a Joe Lewis.
La empresa que maneja el centro de Sky adquirió 850 has de una propiedad de
origen fiscal adyacente a la propiedad de Lago Escondido con el fin de armar un
emprendimiento turístico privado que vincula la propiedad lago Escondido SA con
el Cerro Perito Moreno. En el 2009 la provincia le adjudicó la llamada Pampa de
Ludden a la familia Soria, en tiempo record se subdividió la tierra y en tiempo
record, el gobierno de Rio Negro autorizó la escritura al nuevo propietario
Maximiliano Mazza. La zona en cuestión se encuentra de la Zona de Seguridad de
Frontera. Los legisladores Bardeggia y Bonardo, quienes han investigado, y
también los vecinos de la región de Mallín Ahogado, sospechan que tal negociado
tiene detrás los intereses de Lago Escondido SA, la empresa del magnate ingles
Joe Lewis que ha impedido estos años el acceso público al lago Escondido.
Los hechos que refieren a entrega de recursos, concentración
y extranjerización de la tierra son numerosos en Río Negro, por ello alentamos
la aprobación de una ley nacional que esté a la altura de la problemática de la
extranjerización de la tierra, como paso previo imprescindible para abordar la
concentración de este bien social natural en pocas manos.
MAGDALENA ODARDA
LEGISLADORA PROVINCIAL RIO NEGRO CC
ARI
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